Juntas harán frente a medidas de la legislación estatal que invaden competencias

DEIA. Un comercio urbano y de proximidad. Ese es el modelo comercial que ayer acordaron defender, haciendo causa común, el Gobierno vasco y la Generalitat de Catalunya. O lo que es lo mismo, ambos ejecutivos acordaron defender sus respectivos modelos propios frente a las normativas estatales que, según ambos favorecen, entre otras cosas la libertad de horario y, eventualmente, a las grandes superficies. Para los dos gobiernos, la "implantación de un modelo por parte del Gobierno central puede poner en peligro el modelo de comercio urbano, destruir puestos de trabajo y provocar la desertización de pueblos y ciudades".

Según anunciaron las dos administraciones a través de un manifiesto, el objetivo es hacer frente a la legislación estatal que invade competencias autonómicas, para lo que no descartan encontrar colaboración de otras CC.AA.

Y es que Catalunya y Euskadi enviarán el documento acordado ayer a otras administraciones del Estado y a las entidades representativas del sector para consensuar un posicionamiento común en materia de ordenación comercial ante el Ejecutivo español.

Firmaron un primer documento, de análisis jurídico, que ahora complementarán con otros datos adicionales

La denominada Declaración de Barcelona analiza todas las normativas estatales que afectan a las competencias de las comunidades en materia comercial, como el decreto que afecta a la regulación de los horarios comerciales y de diferentes modalidades de venta; la Ley la mejora del funcionamiento sobre la regulación de la cadena alimentaria afecta al ámbito competencial de inspección y control de las autonomías a favor de una Agencia de Inspección y Control Alimentario de nueva creación; o el Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado, sobre la concesión de licencias de implantación de empresas y la creación de una nueva estructura que aglutine el control sobre la regulación de la actividad económica, entre otras.

El director de Comercio, Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Jon Zarate, encabezó la delegación vasca que se reunió con, entre otros, el secretario general del departamento de Empresa y Empleo catalán, Xavier Gispert, así como representantes de las patronales de comerciantes y organizaciones empresariales de ambas comunidades.

Según explicaron desde ambos gobiernos, este primer documento, de análisis jurídico, se complementará con datos sobre los efectos de la normativa estatal en la sociedad.

Por otro lado, la Declaración de Barcelona cuenta con el apoyo de organizaciones del sector como la Confederación de Comercio de Cataluña, Pimec Comerç, Euskaldendak o Euskomer.